El día 3 de noviembre de 2022, en las puertas de los tribunales de justicia, se realizó un acto litúrgico con el objetivo de acompañar a personas que estando privadas de libertad han carecido de proceso judicial o se ha dilatado.
Detenidas en el contexto del estallido social de 2019, la demora hace que la falta de justicia se profundice. Sin proceso debido se castiga a esa persona y sus familias, afectando el sentido más hondo que supone la justicia, interpelando de paso a la sociedad en su conjunto en sus preguntas fundamentales, del cómo queremos vivir y hacia dónde queremos caminar.
El acto, si bien se dirige a cada una de las personas que están en la condición antes descrita, fue para abrazar la instancia judicial de Nicolás Ríos Verdugo quien, junto a su familia y amigos, tiene la esperanza de conocer la verdad y estar pronto entre los suyos.
Finalmente este acto de oración, compañía y convocatoria de paz y justicia recuerda el gesto que el 25 de febrero de 2020, el cura obrero Mariano Puga tuvo con sus semejantes, por las mismas causas mencionadas, antes de ser internalizado en el hospital, intuyendo su Pascua.
Una bala que según testigos provenía de la 50 Comisaría de Carabineros, se encarnó en la entrepierna de una niña de La Legua. Lo vivido ese día en Avenida Las Industrias recuerda lo acaecido en la misma avenida un 11 de septiembre de 2014, cuando Carabineros de la 50 Comisaría le reventó el ojo derecho de un perdigón a un niño de la población[1] Los contextos cambian, los crímenes se mantienen. Estallido ocular fue, en definitiva, el diagnóstico del niño. “Estallido ocular”. Dos palabras tristemente repetidas por la sociedad chilena desde el 18 de octubre de 2019. Dos palabras que, por desdicha, no constituyen novedad alguna en La Legua.
Qué justicia puede haber para un niño o una niña que ven sus cuerpos mutilados por quienes supuestamente están mandatados por ley para defenderlos. En Chile una justicia inicua, hecha a la medida del orden dominante, en donde los ricos quedan impunes o con clases de ética mientras que la gente común y corriente queda a la expectativa de conocer una verdad a medias repleta de impunidad. En el caso que mostramos, después de un año y medio de los sucesos, aun se espera por el peritaje balístico. El Estado debería velar por atenuar el daño infringido. Da la sensación, sin embargo, que la maquinaria institucional del gobierno de turno dirige sus pasos al revés. Yeny, la madre de la niña, está convencida en no descansar hasta que la verdad y la justicia se impongan.
Es en busca de esa justicia que ha accedido a conversar con nosotros.
Estaba en el trabajo y recibo una llamada donde me cuentan que mi hija tuvo un accidente: “No sabemos si le llegó una bala o un perdigón, en la pierna, en el coxis» me dijeron. Me puse mal, no sabía qué hacer, estaba desesperada. Llego al hospital y mi hija estaba en una parte donde llegan los pacientes graves. Le pregunté a mi pareja qué fue lo que pasó. «Vino un amigo a verla por el primer día de clases», me dijo, un niño que siempre la visitaba, tiene la edad de ella, entre 14 y 15 años. Mi hija lo fue a dejar al paradero, no sabían que había protesta, era la primera marcha del año. Llega a las Industrias, cruza la calle y de pronto ella cae. El niñito le preguntaba «¿Qué te pasó?» y mi hija no podía hablar y él ve que a ella le empieza a correr la sangre. En eso viene pasando una joven que es técnica en enfermería y le presta los primeros auxilios. Como había protesta mucha gente se acercó, y empezó a grabar lo que había pasado. Lo único que gritaban era que «fueron los pacos». El niño llegó a mi casa aterrado, pálido para avisarnos.
En el hospital pude hablar con los médicos, me dijeron que lo que hirió a mi hija fue una bala de un arma, pero no sabían de quien había sido. Ahí me dijeron que la niña se tenía que quedar hospitalizada, porque atravesó los dos muslos de la pierna y se alojó en uno de ellos. Estuvo a milímetros de una arteria. De repente me llama un médico y me dice que la niña no se puede parar más porque «tiene fractura de pelvis, le sacó un huesito, le fracturó». Ella quedó casi postrada en la cama, con chata, no se podía mover. La noticia se divulgó por redes sociales y eso ayudó a que finalmente la operaran y le extrajeran la bala. Se necesitaba la bala para saber quién era el responsable de perpetrar el balazo, para hacer justicia. Todo indicaba que fue un carabinero. Cuando le sacaron la bala, se la llevó la PDI. Resulta que ese resultado salió después como «inconcluso», dijeron que no pudieron determinar de quien era la bala porque la bala no tenía la estría. Me cambiaron como dos o tres veces de fiscal. Con la actual estoy siguiendo el caso. Volvió a periciar la bala. No solo estaba la bala, sino que la ropa, había testigos, había muchas cosas donde se podía indagar y se habían quedado con eso de que había quedado inconcluso. La fiscal siguió insistiendo y ese es el resultado que estoy esperando con el apoyo de abogados del CODEPU, Hiram y Mariela, que son buenísimos y me están ayudando.
¿Qué elementos hacen pensar que carabineros estuvo comprometido con esta situación?
Unos testigos claves que vieron cuando carabineros disparó. Pero resulta que ellos testificaron, pero nunca los tomaron mucho en cuenta. Nunca hicieron el catastro, eso no lo hicieron. Hubo hartas cosas que se dejaron de hacer. Seguimos con la fiscal, seguimos con la abogada insistiendo. Mandó a pedir los drones. Según carabineros, las cámaras de esa fecha no están.
¿En qué lugar específico ocurrieron los hechos?
Si mal no recuerdo fue en calle Las Industrias con Esfuerzo. Si voy sé dónde es, porque de hecho cuando fui, todavía estaba la sangre pegada. La ropa se la llevo la PDI, todo, nunca perecieron nada.
¿Cuáles son las expectativas jurídicas que persiguen con CODEPU?
Nosotros presentamos la demanda civil aun no teniendo los resultados, en último para avanzar en algo, porque es una demanda demasiado larga. Si el resultado dice “fue Carabineros”, queremos querellarnos, que procesen penalmente al funcionario. Yo espero que se haga justicia, que lo den de baja.
¿Sabes quiénes son los implicados?
Hay algunos sospechosos, porque hay algunos carabineros que les faltaban balas. Eso sí lo pudieron comprobar de la 50 Comisaría de San Joaquín, que a algunos les faltaban balas ese día.
¿Alguna autoridad de Carabineros o gubernamental se ha acercado a ustedes como familia?
No, nunca. Hubo no sé qué lo que fue, querían que fuera a dar una entrevista al congreso, pero empezó la pandemia y nunca pude ir.
¿En qué contexto te invitaron?
Elegían como a ciertas personas del estallido social para ir a declarar, situaciones similares a las que vivió mi hija y lo que nos ha pasado con carabineros. Mi hija había sido seleccionada por ser menor de edad. Al final, nunca llegamos a nada, después no supe más. Nadie se acercó a mí. Cuando fue el incidente, carabineros tampoco auxilió a la niña, estando ahí mismo, ella quedó sola. Cuando supieron, nunca se acercaron, desaparecieron.
Justicia
El peritaje lo había realizado la PDI. Pero ahora le quitaron la bala y se la llevó Carabineros. Ahí estamos, esperando.
¿No te genera desconfianza eso?
Sí, obviamente que sí. Pero todavía tengo algo de esperanza, de que algo va a salir.
¿Qué te ha hecho reflexionar esta situación que vivió tu hija?
Creo que hubo un antes y un después en temas familiares, tanto de ella como de nosotros. El miedo de que ella me diga «mamá, voy a ir donde unas amigas». O el pasar por la calle Las Industrias, la angustia. Yo cada vez que paso por la 50 Comisaría me dan ganas de bajarme, ir a encarar a los carabineros que están ahí. La rabia, la impotencia, por qué tanto daño. Es una niña que ni siquiera estaba en las manifestaciones, ella solamente fue a acompañar a un amigo a la micro.
¿Responsabilizas del hecho al contexto que está viviendo el país, a la población?
No, yo estoy súper a favor de las marchas. Pocas veces voy, pero estoy a favor. Me refiero a que ella no estaba ni siquiera ahí. Llegó, pasó y le cayó.
¿Cuál es el actual estado de salud de tu hija?
Hasta hoy no le han dado el alta de traumatología, de la fractura de pelvis. Aquí hay que ver más adelante cuando la niña quiera ser mamá, podría ser un impedimento para tener guagüita porque hace presión sobre la pelvis. Entonces tampoco sabemos qué pueda pasar más adelante. Estuvo un mes postrada en la cama y tuve que modificar toda mi casa para tenerla después de que saliera del hospital.
A través del servicio público ella está con psicólogo y psiquiatra, porque tuvo un estrés postraumático. Esta situación nos acercó más como familia pero siento que ella todavía no lo supera, ella dice «bueno, pero a nadie le llega un balazo porque sí» o si habla con otra persona que le ha pasado algo, ella dice «la niña tuvo un accidente, tuvo una fractura, no le llegó un balazo». Entonces todo lo trata de comparar con que a ella le llegó un balazo y al otro no, algo así como «por qué a mí, por qué tuve que ser justo yo, de cien personas, me llegó a mí». O me dice, «Mamá, para qué sigues [luchando], si en este país nunca hay justicia. No se hará justicia conmigo. Tú sabes que en este país no hay justicia»
¿Cómo devolverle a ella alguna confianza?
Yo creo que la única forma es haciendo el segundo peritaje. Haciéndole entender de que todo lo que pasó no es en vano. Aparte que ella quedó con una cicatriz en la pierna. Es fea su cicatriz, para una niña de 14 años le afecta en ponerse un short, un bikini. Eso le afecta físicamente, estéticamente. Si ella no quiere hacer justicia, la voy a hacer yo, no me voy a quedar con los brazos cruzados, voy a seguir cueste lo que cueste, voy a luchar hasta que se haga justicia.
¿Esa sería la demanda más relevante de vuestra causa hoy día?
Hacer justicia penal. Más que monetaria, yo le digo a ella «si llegamos a una demanda civil, genial». Yo he gastado mucho dinero. Y más que monetariamente, que se haga justicia penal, que él pague y no quede impune. Que el día de mañana su castigo no sea ser trasladado al sur.
El estallido y la solidaridad de La Legua
Lo que le pasó a tu hija se dio en el mismo contexto de estallido social donde pasaron muchas situaciones de violación de derechos humanos. Hubo más de cuatrocientos heridos oculares y cerca de cincuenta personas que fueron asesinadas por agentes del Estado.
Yo lo vi, porque trabajo en urgencia de la Posta Central. Vi el Estallido, vi cómo llegaban los heridos, lo viví día y noche. Y nunca pensé que me iba a pasar a mí.
¿Cómo esperanzas el futuro para tu hija?
Yo amo La Legua. Me encanta vivir acá porque siento que somos super unidos. Si hay un incendio están todos ahí. Si te pasa algo, todos te apoyan. En cambio, en otras comunas no pasa eso. Pero siento que por salud mental la sacaría de acá, como para que se olvide de lo que pasó. De hecho yo postulé, me dieron algunos beneficios, me gané el subsidio de arriendo, y la pude haber sacado de acá, pero opté por estudiar, para tenerle un mejor futuro y optar a una mejor casa en una mejor comuna. Le dije «espera cinco años y yo te saco».
¿Has sentido la solidaridad de la población con lo que han vivido?
Sobre todo, una completada que hicieron para mi hija donde fue mucha gente. En la feria, los vecinos, grupos de jóvenes, todos super pendientes. Me fue súper bien. No solo lo he visto en mi caso, sino que en temas de incendio. De hecho, aquí no se ven robos domésticos, porque todos se ayudan.
¿Te gustaría decirle algo a la gente que resiste tanto aquí en La Legua como en el Estallido la violencia policial?
Que luchen hasta el final, no porque sean autoridades tienen que quedar impunes. Seguir, seguir. Yo llevo un año y aún no veo resultado, pero voy a seguir hasta el final, porque si tú no luchas, esta justicia va a seguir siendo la misma, ¿y quiénes siguen sufriendo? Los pobres, las poblaciones.
En nombre de las compañeras y compañeros del Comité de Defensa y Promoción de Derechos Humanos de la población te agradecemos esta conversación.
Este artículo cruza hechos acecidos en el contexto del estallido social de octubre de 2019 con situaciones ocurridas en la población Legua Emergencia desde que este espacio comenzó a ser intervenido por las policías por mandato del Estado, hace largos 18 años. Las imágenes del estallido asoman intensas y contradictorias. Las determinaciones y acciones gubernamentales encuentran similitudes por el grado de desconexión con la vida de las personas, por la brutalidad, impunidad, improvisación y el desacierto abyecto de la clase política y de los sectores privilegiados. A la demanda histórica de millones de personas en las calles, el Estado respondió, como tantas otras veces en Chile, minimizando su impacto, criminalizando su fuerza social, tergiversando su sentido y justificando la represión policial y militar, como si la experiencia de terror y dolor que este país vivió durante la dictadura cívico-militar de 1973 hubiese sido poca. El presidente de la República habló en cadena nacional sobre enemigos poderosos y guerras internas, las mismas que el Estado de Chile conduce desde hace dos décadas en La Legua.
Muchas de las razones que explican el estallido de octubre de 2019 están incrustadas en el mundo popular y en especial en los espacios históricamente excluidos: la segregación, la discriminación, el clasismo y la profunda desigualdad de Chile tienen un peso concreto, profundo y cotidiano ahí. Las poblaciones son el lugar en donde habitan las mayorías sociales del país, el domicilio de la gente común y corriente perteneciente a los sectores laborales dependientes, obreros, informales, caracterizados por la flexibilidad de un sistema que fomenta el abuso y el maltrato. Han sido en las poblaciones desde donde los movimientos sociales y de resistencia se han nutrido, de hecho durante la dictadura cívico-militar las movilizaciones de protesta nacional tuvieron ahí un rol central. No obstante, también en ese territorio se han vivido silenciosos procesos de transformación hacia lógicas de sumisión debido a la consolidación del narcotráfico y de la delincuencia, que junto a la individualización han añadido despolitización, sin sentido y desconfianza entre iguales y entre las representaciones u organizaciones locales, volviendo vulnerable el espacio socio-territorial, favoreciendo el dominio narco-policial.
Las condiciones que viven las poblaciones pueden ser un parámetro para medir el bienestar social. Un lugar donde es posible evaluar aspectos multisistémicos, variables que van desde la integración hasta la calidad de vida de una sociedad, de un país. Justamente cada una de esas dimensiones demuestran procesos de atomización, sensación de inseguridad, empobrecimiento, desesperanza y un aumento de la brecha social comparada con otros sectores socio-espaciales de la misma ciudad en que se habita. Todo aquello incidió para que en esos lugares los acontecimientos que comienzan a darse en Chile desde el 18 de octubre (18 O) de 2019 hasta marzo de 2020, se vivieran con intensidad única, no sin contradicciones ni temores. Fueron los hijos de esos pobladores, mujeres y hombres jóvenes, y luego sus familiares y vecinos los que salieron a las calles, encendieron barricadas, se enfrentaron con la policía y de forma contundente ocuparon La Alameda en una concentración multitudinaria donde se pudo observar que no solo eran ellos, sino que más bien eran muchas y muchos que como ellos estaban hastiados de sentirse humillados.
Millones de personas, de diferentes edades y posición sociocultural, reclamaban por una sociedad en donde las estructuras de inequidad y desigualdad dieran un giro hacia un cambio profundo, casi refundacional y en donde aspectos como los vínculos humanos, el buen trato, las formas de relacionarse, las oportunidades, las maneras de mostrar aprecio y valorar a las personas dejen de ser reflejo del apellido, la condición socioeconómica, el género o el lugar de donde se es o se vive. Una batería de derechos sociales, políticos, económicos, humanos, ecológicos y de género salieron a la palestra. La palabra más ocupada, escuchada, puesta en carteles y pintada en las murallas fue DIGNIDAD. Con ello, los habitantes de esos territorios denotaban la necesidad de ser tratados como seres humanos portadores de derechos, tan dignos como cualquier ser humano. Una demanda rotunda, repleta de sentido, que apela a aspectos concretos del sistema nacional, como el acceso y aplicación de justicia, acceso y calidad de servicios y otros aspectos no necesariamente evidentes como la estima social, seriamente erosionados por sesgos culturales que impiden o limitan las posibilidades de encuentro o conocimiento entre diferentes grupos humanos.
Como en el resto del país, en la población La Legua, el 18 O no solo suscitó una diversidad de emociones sino el convencimiento de que lo que estaba sucediendo no solo era necesario sino que justo. Algunas personas o grupos asociados al tráfico de drogas sin embargo se aprovecharon del contexto, saquearon, llenaron sus despensas y fanfarronearon, como de costumbre, de lo hurtado. Los medios de comunicación resaltaron esa situación, solapando un hecho central; el poblador común y corriente recuperaba su hacer político, una dimensión seriamente vapuleada en el escenario neoliberal post dictadura cívico-militar. Desde ese punto de vista, desde la posición del vecino que vive las penas y alegrías de su existencia en el territorio poblacional, plantar cara al miedo y la sumisión, gritar con toda fuerza, saltar sobre el pavimento, era como saltar sobre el sistema al menos por un ratito, y sacudirse de la obediencia marcial y del abuso sistémico, restituir la extirpación de estar vivo social y políticamente.
El gobierno se refirió a los hechos con desdén y luego contestó con represión[1]. La misma violencia puesta en práctica sistemáticamente por las policías en el contexto de la Intervención estatal iniciada el año 2001 en la población La Legua. Proceso de Intervención por lo demás caracterizado por la vulneración de derechos, en especial de derechos humanos[2] como lo demuestran las denuncias de los pobladores, el Informe del INDH (2015), el Examen Periódico Universal (EPU, 2018). Todo aquello ha cultivado en los pobladores un sentimiento de rabia, dolor y desconfianza que concluyen que el Estado tiene un repertorio muy pobre en cuanto a políticas sociales y de promoción humana. Cuando se trata de espacios pobres erosionados por el narcotráfico, el Estado carece de una política pública no solo pertinente sino de una directriz que merezca llamarse política pública, para poblaciones como Legua Emergencia no tiene otro proyecto que el de controlar y reprimir.
El gobierno de Piñera mandató a que los militares se desplegaran por las calles del país[3]. Los acontecimientos se tornaron vertiginosos y el desacato, junto a las imágenes de saqueos a supermercados, tiendas del retail e incendios de estaciones de metro, generaron preocupación, pánico y la sensación de una violencia desatada generadora de más violencia. Los asesinatos y heridos, entre ellos más de cuatrocientas personas con trauma ocular o enceguecidas, fueron producidas por balas institucionales del Ejército, aunque preferentemente provinieron de Carabineros. En las cerca de dos décadas de intervención en La Legua, las situaciones de maltrato, manipulación de información, robos, golpizas, tortura, heridos a balas e inclusive asesinatos han sido responsabilidad de Carabineros y de la Policía de Investigaciones (PDI). A pesar de las denuncias y persecuciones civiles y penales, de pésimas evaluaciones de por medio, y de estudios de la Cámara de Diputados que inquieren en su accionar, la intervención policial en La Legua es una marca registrada del Estado de carácter inmutable.
La represión por el estallido de octubre de 2019 ha afectado mayormente, como siempre, a la gente común y corriente. La mayoría de las personas detenidas o que acusaron situaciones de tortura, golpes, persecuciones, hechos de violación a los derechos esenciales, aparte de las asesinadas o mutiladas por agentes del Estado de Chile, son pobladores. El tránsito que han debido recorrer luego del daño infligido es sinuoso, el Estado ha actuado con lentitud, resolviendo o asistiendo casos específicos, demorando u omitiendo la ayuda concreta, eficaz y sostenida. En un país de traumas silenciados, estas prácticas vuelven a recordar los años de la dictadura cívico-militar, reactivando los procesos de traumatización, tanto personales como colectivos, que cortan los fundamentos afectivos y sociales que explican el vínculo con el otro y los lazos de identidad. Después de treinta años de trayectoria democrática institucional, el Estado de Chile demuestra que el “Nunca Más”, referido a los derechos humanos, es solo retórica política.
“La gente está viviendo lo mismo que nos pasa a nosotros en la población desde hace años, represión y abuso policial, pasó en dictadura y pasa ahora. El llamado es a no acostumbrarse porque no puede ser normal que la policía te pegue, provoque, persiga, robe. Y así pasan los años en La Legua, acostumbrados a la presencia de una policía abusiva, ojalá que el pueblo no lo acepte (…) A mí me han pegado, me han detenido por sospecha muchas veces sin haber hecho nada, es por ser de La Legua. Lo mismo ahorita, a la gente le pegan por estar en la calle o por gritar su descontento, ahora quizá mucha gente sepa lo que se siente” (poblador, 27 años)
A pesar del acuerdo tomado por la clase política el 15 de noviembre de 2019, que visaba un plebiscito con una posible modalidad de Asamblea Constituyente para una nueva constitución, el estallido continuó su curso. La gente no abandonó la calle, lo que demostraba que esta vez no sería tan simple replegar a la muchedumbre. El gobierno de Piñera vivía la crisis política más importante después de terminada la dictadura y en cada paso político se iba quedando más solo. Ni la militarización de las calles, ni una policía desatada en contra de sus conciudadanos, ni una prensa que multiplicaba el temor de los grupos de poder, detuvieron la manifestación de la gente. Aquello incluso indignó y dio pábulo a días de furia. Medios internacionales[4] demostraban su preocupación por la violación de derechos humanos y la clase política demostraba su sentido de oportunidad y de maniobra cuando asumía que la manifestación y el clamor popular también le era propio.
“Me alegra que la gente esté en la calle, sacando afuera lo que vive. Esto demuestra que no estamos solos. Eso también demuestra que cuando el Estado no tiene razón le queda solo la violencia contra el pueblo, como lo que pasó el 73 (…) y aquí pasa todos los días, pacos y policías corruptos empleados de traficantes que abusan de la gente y uno tiene que quedarse callado pa’ poder seguir viviendo ¿a quién vamos a acudir nosotros? ¿al Estado que nos mata? imposible” (pobladora, 53 años)
Detrás de la demanda de dignidad que el estallido social levanta, la clase política nunca se ha sentido del todo compelida por asumir responsabilidades. Cuando se le enrostra la dinámica de privilegios, corruptelas y protección hacia los intereses de los grupos de poder y de las elites, al mismo tiempo que se establece una relación punitiva con la ciudadanía, lo que se impone es un impúdico silencio[5]. Cuando en mayo de 2018 se discutía sobre el control de identidad en la Cámara de Diputados[6], representantes del Comité conversaron con algunos parlamentarios exponiéndoles la situación de lo que ocurre en el contexto de Intervención estatal en La Legua. Cada denuncia fue acompañada de testimonios que hablan de prácticas de violación de derechos humanos sostenidas en el tiempo y que ha afectado a cientos de pobladores, situaciones que van desde controles de identidad vejatorios, pasando por allanamientos en casas equivocadas con destrucción de bienes y robos, hasta hechos de tortura.
A la mayoría de los parlamentarios no les importó las evidencias y terminaron promulgando el control de identidad, mientras, en paralelo, empresas financieras, del retail, de pollos, papel higiénico, supermercados, farmacéuticas, se coludían y defraudaban al país. El desfalco no terminaba ahí, incluye además a instituciones estatales como la plana mayor del Ejército de Chile por una parte y a un grupo de oficiales de Carabineros por otra parte. Cada una de esas entidades, al estilo del crimen organizado y de los grandes carteles de droga en el mundo, han liderado el robo de miles de millones de pesos, el más cuantioso hasta ahora que se haya realizado al patrimonio fiscal del país.
Lo dicho en el párrafo anterior es parte de la trama del 18 O. Chile entero pudo observar cómo los hechos de violencia y abuso policial se multiplicaban. En particular los pobladores de La Legua veían que la violencia aplicada por años en la población y que asumían como si fueran parte de su identidad, se diseminaba. La violencia institucional se volvía recurrente y masiva sobre los cuerpos y derechos de las personas cuyo común denominador era demostrar su descontento. Pudieron apreciar que toda la corrupción y violencia social que se les responsabiliza desvía la atención sobre la violencia estructural, cuyos principales responsables son los mismos conductores del modelo económico y político que les oprime. Y finalmente pudieron dar cuenta que por más que la violencia narco esté presente en las poblaciones, ellos, los narcos, nada pueden cuando las personas están dispuestas a romper con el yugo que los constriñe, así como tampoco podrían desplegarse con tanta libertad sí hubiera, en verdad, un Estado interesado en generar condiciones de derecho, calidad de vida y dignidad.
Cuando un gobierno carece de argumentos políticos ante una demanda ciudadana que es eminentemente política y repliega su sobrevivencia al alero de la violencia, es muestra no solo de desesperación sino de que no se cree en la política como valor. Lo que ahí se visibiliza es vacío, es la insignificancia de la política como fuente precisamente de condiciones políticas y el avance hacía un estado policial, que como lo sostiene la literatura especializada al respecto es militarizada, antidemocrática y premoderna. O sea que es garante de estatus quo, de abuso y corrupción. Hay que decir que la persistencia de la gente cada viernes en plaza Dignidad, la convocatoria de jóvenes de las pobladas no fueron contenidas ni por la virtud gubernamental ni por la brutalidad policial, sino porque en marzo de 2020 la pandemia del corona virus comenzó a azotar el país, dando alivio al asfixiado y desacreditado sistema político, mientras esquilma la salud y las fuerzas de la gente que parece que se convenció, realmente, de que “el despertar no puede morir nunca más”.
[2] Ver Memoria del Comité años anteriores (https://ddhhlalegua.wordpress.com/memorias-anuales/). Ver Cortés, P., Delgado, J., y García-Campo, G. (2017). “A quince años de intervención estatal violencia policial en la población La Legua. Santiago: Clínica de interés público y Derechos Humanos UDP. Comité de Defensa y Promoción de Derechos Humanos de La Legua”.
[3] Hacía 1991 lo militares salieron a las calles de Santiago mandatados por Pinochet en pos de demostrar su fuerza luego de que el comandante en jefe del ejército sintiera amenazada su impunidad familiar por el caso de los cheques malversados de su hijo mayor, tal operación recibió el nombre de “ejercicios de enlace”. Posterior a aquello, los militares salieron por contingencias de emergencia nacional producto de desastres naturales.
[5] Sin embargo, los hechos demuestran que empresas multinacionales dictaron párrafos traspasados textuales como leyes constitucionales patrocinadas por senadores, muchos de los cuales proclamaban su inquietud por “puertas giratorias” en la misma hora que eran financiados por agentes privados. Ejemplo de aquello es el del ex senador Jaime Orpis y la empresa Corpesca. Otra variable de una situación similar es la del senador Moreira y “el financiamiento irregular” de campaña política por la fraudulenta empresa Penta.
[6] El “Control preventivo de identidad” es una normativa que actualiza la llamada detención por sospecha, la que históricamente ha afectado a personas provenientes de sectores populares. En los hechos, este tipo de leyes fomenta los estereotipos, el sesgo de clase y la discriminación, dejando a criterio de las policías -de las cuestionadas policía chilena- la determinación de dicho control.
Mural actualmente inexistente (reemplazado) en la Esquina de Progreso con Las Industrias, a dos cuadras de Prensa
Artes y Oficios, Esfuerzo, Constancia, Progreso, Industria, Prensa… Grandes nombres que las y los fundadores de Nueva La Legua quisieron poner en valor, bautizando así las calles. Sobre el pasaje Prensa, una vecina indicaba en “Lo que se teje en La Legua”, que se llama así por el diario El Siglo, y puede ser, considerando el contexto histórico y el domicilio político de las familias que se asentaron en este sector de La Legua.[1] Lo que resulta difícil de imaginar, eso sí, es que quienes dieron la denominación hayan siquiera sospechado la estrecha, aunque adversa relación que ha tenido La Legua con los medios masivos de comunicación. Y es que, para La Legua, Prensa es mucho más que un pasaje.
En los orígenes de Legua Nueva y Emergencia, cerca de la mitad del siglo XX, en sectores de una oligarquía chilena no muy diferente a la actual, se referían a las y los pobladores de La Legua como la “hez de la sociedad” o los “quebrados morales”.[2] Tres cuartos de siglo han pasado y el menosprecio no parece diferenciarse. También en los orígenes, pero de la actual Intervención del Estado en La Legua, declaraciones como las del ex Fiscal de la República Alejandro Peña (señalado en dicha época por el canal público como una especie de bastión contra el narcotráfico de la zona sur de Santiago), que tuvo la audacia de decir que “de cada mil habitantes de La Legua, novecientos venden (droga) y los otros cien, guardan”;[3] han ido moldeando un carácter ficticio de la pobladora y el poblador de La Legua en la mente de una parte de la ciudadanía muy permeable a los contenidos de los medios de comunicación. Por lo mencionado es que en este artículo se analizará la relación entre la prensa y La Legua, partiendo desde el año 2017 hasta el año 2021, presentando varios casos estigmatizadores de medios de comunicación televisivos, radiales y escritos, con el objetivo de ofrecer una panorámica de los últimos cinco años de divulgaciones que proyectaron sistemáticamente una imagen tergiversada y mancillosa sobre la población.
2017
El actuar de los medios de comunicación respecto a La Legua, parece haber entrado en una especie de estado de ebullición durante el 2017. Es el mismo año en el que se dio inicio al polémico derribe de los muros que encerraban los pasajes de Legua Emergencia. Muros que por décadas fueron puestos, de manera elocuente y reiterada, como pretexto desde el gobierno local, central y por las policías, ante la inoperancia institucional frente al narcotráfico.
La Cuarta, acaso el más leído de los periódicos chilenos en ese entonces, titulaba en su portada del 2 de abril, que el sacerdote Gerard Ouisse, supuestamente amenazado de muerte por narcotraficantes, “Dio misa con chaleco antibalas”.[4] En palabras del propio cura, que niega haber usado dicha indumentaria en misa, el reportaje profundizó el estigma sobre la población. Mención aparte para otras líneas del mismo titular que señalaban que “Gerard Ouisse lleva 30 años como párroco de la capilla que le da pelea a la droga en La Legua”. Al parecer, no se enteraron en La Cuarta que Mariano Puga fue el párroco de La Legua desde 1992 hasta el 2002, o se enteraron y tenían graves problemas matemáticos, o no quisieron enterarse y se precipitaron a publicar cualquier cosa.
“Los pasajes malditos de La Legua”[5] era el epígrafe con que la revista Qué Pasa de La Tercera abría un reportaje carente en rigurosidad y abundante en falacias a mediados de año. Centrando la causa principal de la supuesta impenetrabilidad del narcotráfico en La Legua en la tesis de los pasajes cerrados, desarmada categóricamente hacía menos de un año con la publicación “Desarmar el Laberinto: violencia, estructura física e intervención en Legua Emergencia” del arquitecto Tai Lin Muñoz, este apartado del Grupo Copesa podría irse cuestionando párrafo a párrafo en su ecuanimidad y veracidad, pero para muestra se tomarán, en orden de aparición, el siguiente par aseveraciones: “Queremos abrir los pasajes y sacar a los tipos enquistados ahí, que dentro tienen túneles para huir de la policía.” Esta primera cita y excusa del prefecto de la Policía de Investigaciones (PDI), resucitó el mito de los túneles de La Legua, que fue desmentido por la mismísima policía,[6] en el marco de una incipiente intervención allá por el 2002. “Por eso, el nuevo plan (de intervención) apunta a desmembrar los lazos familiares y empobrecer a las organizaciones (delictuales)…” Esta segunda cita de Cecilia Correa, redactora del escrito, por mucho que se contextualice con paréntesis, puede resultar violenta, cuando menos, para las personas que habitan el territorio legüino; cuando más, para un país que en el papel se constituye con la familia como núcleo fundamental de la sociedad. Más incluso considerando la suerte que habitúa tener la infancia sobre la que el Estado asumió la tutela.
Solo en una semana del mes de noviembre, se pueden leer tres medios de distintas líneas editoriales, comunicando falsedades sobre “noticias” que no ocurrieron en territorio legüino. Así titulaban: “Un día en la escuela de YouTubers para niños en La Legua”[7] (El Dínamo); “Christopher Escobar: Le gané al estigma de La Legua”[8] (La Tercera); “Niña de 13 años murió tras ser apuñalada en La Legua”[9] (Radio Agricultura). El primero de los encabezados alude a un taller ejecutado en el Centro de Creación Cecrea, que se ubica en Carlos Valdovinos con Las Industrias, a centenares de metros, con otra población inclusive interpuesta entre La Legua y el establecimiento: la Aníbal Pinto. El segundo refiere a un joven que se alojaba en la Policarpo Toro, población vecina ubicada al poniente de Legua Emergencia. El tercero y más perdido en su ubicación territorial, hace alusión a un bullado y trágico asesinato acontecido a casi un kilómetro hacia el sur de La Legua, en las cercanías del Centro Educacional Horacio Aravena, con una alumna del mismo establecimiento como víctima. Bastaba un reporteo mínimo para conocer información certera en cada caso. Es conocimiento que las y los vecinos del barrio manejan. Sin embargo, no se averiguó. Las controvertidas formas en que los medios de masas suelen comunicar sobre La Legua, dan lugar a suspicacias. Detrás de las mentiras puede haber desde mera ignorancia, pasando por la utilización de la “marca” Legua como incentivo a la lectura, hasta el incremento deliberado en la criminalización hacia personas acostumbradas a las deshonras públicas. Intenciones aparte, a la postre, se fortalece un imaginario.
2018
La violencia imperante desde que el Estado intervino la población, no cesaba. No obstante, en el mes de enero, los vecinos de Legua Emergencia respiraban un poco más aliviados según Joaquín Aravena, entonces periodista de TVN, el canal público.[10] Alivio que habría llegado por la detención de Kevin, un veinteañero legüino, producida por un control de identidad. Joven que, según publicaba Emol,[11] desde los 11 años de edad comenzó a transitar por comisarías y audiencias, incluso por el Sename. Al menos tres medios hicieron eco de la captura de Kevin. Los dos mencionados, más Radio Bío Bío.[12] Ninguno, sin embargo, reparó mínimamente en la relevancia contenida en que un ser humano haya sido intervenido por el Estado a tan corta edad. Trataron el asunto como mero prontuario delictual. Al joven se le acusó y denostó públicamente sin atribuir ninguna responsabilidad a un sistema que lo custodió sin ocasionar en su vida ninguna mejora, sino todo lo contrario. Un joven del que en prácticamente toda su adolescencia el responsable fue el Estado. En el mes siguiente, un traficante de armas era arrestado por la PDI. Podría esperarse un trato semejante al de Kevin o siquiera proporcional con el crimen. El armamento era distribuido en La Legua y eso la prensa lo dejó clarísimo en los encabezados de cada reporte. Lo que no sacó ni tenuemente a la luz fue el nombre del imputado, oriundo de un barrio más acomodado, que quedó en prisión preventiva, pero en anonimato. Televisión Nacional tituló la noticia refiriéndose al traficante como proveedor.[13] Radio ADN hizo lo mismo.[14] El titular de Cooperativa fue aun más candoroso y lo tildó de deportista,[15] como si el acaparamiento de armas fuese equiparable a coleccionar raquetas de tenis o camisetas de fútbol. Con el joven legüino sobraron alias y epítetos, mientras que al traficante más pudiente lo mantuvieron incógnito.
Más adentrados en el año, las difusiones de la prensa tradicional alusivas a La Legua, no variaban un ápice. La primera semana de abril, el noticiario Teletrece del canal que es propiedad del magnate Andrónico Luksic, divulgaba el reportaje de Juan Bustamante y Jorge Hans, “La Última Batalla de La Legua”. Una nota que, al margen de las pretensiones que se le puedan atribuir, lisa y llanamente mintió sobre los orígenes de Legua Emergencia, proclamando que “algunos vecinos y organizaciones de la población La Legua, estiman que La Legua Emergencia, creada hace ochenta años como una solución provisoria para los obreros del salitre, debiera ser borrada del mapa”.[16] Para estos temerarios portadores de las demandas legüinas, la última batalla de La Legua no es por una vivienda digna, tampoco por mayor igualdad o por un país más justo, ni por una mejor educación, ni una salud digna, mucho menos por sueldos o pensiones que no sean de hambre. Para ellos, la última batalla de La Legua es contra traficantes, en otras palabras, una batalla entre pobladores. Todas las complejidades y múltiples responsabilidades que puedan llevar a una familia a tener que subsistir de este ilícito negocio, son desatendidas.
Un par de meses más tarde, en junio, el canal público, por enésima ocasión, completaba sus contenidos matinales con el nombre de La Legua. “La Emergencia nació como una solución habitacional tras el Golpe de Estado”[17] se atrevió a decir la voz en off de turno. A diferencia de los confines de la población La Legua, que son más conocidos, las fechas en que se principia cada sector de la población son más difusas en el acervo cultural de legüinas y legüinos, aunque un rastreo breve en internet o en la literatura respectiva puede entregar información de calidad o al menos cercana a la veraz. Este periodista y el anterior le erraron por más de dos décadas a la fecha del asentamiento de Emergencia, que data del año 1949. Es imperioso cuestionarse si profesionales de las comunicaciones que no hacen el minúsculo esfuerzo de informarse correctamente, están éticamente acreditados para hablar tan pertinazmente de las y los pobladores de La Legua.
Corría el último trimestre del 2018 y el cómputo defraudado por el señalado “Pacogate” rondaba los $30.000.000.000.[18] Las responsabilidades por el montaje de la Operación Huracán eran apuntadas, no asumidas, pero sí condenadas por la opinión pública.[19] El día 14 de noviembre, un joven comunero mapuche, Camilo Catrillanca, era asesinado por el Comando Jungla de Carabineros.[20] La imagen y credibilidad de dicha institución parecía ya irrecuperable. Dos semanas después, entre gallos y medianoche, a las 5:00 am, en lo que parecía un esfuerzo por retomar la agenda y gravitar la atención mediática hacia La Legua con otro “nuevo” pseudo “plan” de gobierno, vuelve todo el aparataje comunicacional del Estado y el mercado a las calles de La Legua. Y vuelven las mentiras. Primero, porque se contó como novedad un proceso (el derribe de muros) que estaba ya ejecutado en su mayor parte desde hacía más de un año y que no culminaría con la visita de las autoridades. Segundo, porque el golpe farandulero quiso dar a entender que habría un reemplazo entre las policías que ocupaban desde hace 17 años la población. “Sin Carabineros y mucho PDI” tituló La Tercera.[21] Solamente en la fotografía adjunta, pueden verse más de ocho carros de Carabineros. En media cuadra. Bastaba un cuarto de paneo o la visualización de los drones que piloteaban sobre la escena, para percibir que la presencia de dicha institución era muchísimo mayor. Pero prefirieron mentir, entrando en la maniobra gubernamental. Y tercero, porque, como ha podido constatar el Comité de DDHH de La Legua vía solicitudes por Transparencia, en lo sustancial, el cambio de “plan” no fue más allá del rótulo. Lo que se llamaba Plan de Intervención, luego Iniciativa Legua y posteriormente Plan Integral Legua, comenzó a proclamarse como plan La Legua Sin Muros.[22] Cabe destacar que mientras se terminaban de derrumbar los muros de concreto, el Estado ya había edificado muros blindados en la vereda del frente.[23] En definitiva, se instaló una especie de cuartel de la PDI (o Policía de Acción Comunitaria) que todavía no logra justificar su presencia, se mantuvo a Carabineros y perduró la vaciedad y ambigüedad de las políticas públicas en La Legua.
Fotografía tomada al costado del punto de prensa del gobierno en la mañana del 5 de diciembre de 2018
El acuartelamiento de la PDI en La Legua se gestionó con una artimaña de por medio. El encargado del todavía Plan Integral Legua, Carlos Acevedo, intentó sobornar a los propietarios de las casas destinadas originalmente a ser vivienda social, para hacerle espacio a los nuevos “allegados”.[24] El funcionario ofreció dinero y regalías varias a cambio de que las familias dejasen las viviendas y se fuesen a vivir a otra parte, situación registrada y denunciada por los propios vecinos. Con periodistas que acostumbran hablar con ligereza de La Legua, con medios habituados a difamarla, con autoridades que insisten en utilizarla como punta de lanza en temas de seguridad pública; cae de cajón que una noticia, una verdadera noticia como lo era un agente del Estado chantajeando groseramente a los pobladores, con pruebas definitorias que lo inculpaban (audios grabados por los vecinos), tenga cierta visibilidad mediática. Pero no. Hubo un medio que develó lo acaecido. Uno solo. Un portal web de noticias. El Dínamo. Ningún canal. Ningún diario. Ninguna radio. Luego de la publicación, no hubo seguimiento. Carlos Acevedo despareció de La Legua. La PDI se instaló. Y allí quedó todo. Para criminalizar, la mesa llena. Para informar lo pertinente, migajas. La guinda de la torta con la que culminó otro año en la población.
2019
Avanzaba el mes de marzo y en el panel matinal de Televisión Nacional, Jorge Hans, otrora periodista del canal de Luksic, expresó distendidamente que “hace rato está desatada la guerra en La Legua”, desde fines de los noventa, cuando se encarceló a Manuel Fuentes, al que calificó de “más o menos pacífico”. En los años sesenta se situó esta vez el nacimiento de Emergencia el cronista que, por lo menos, no se pasó dos decenios. También revivió el mito de que en los pasajes había túneles. María Godoy, presentadora también del principal programa televisivo de Chile (Festival de Viña), una voz para bien o para mal influyente, tomó la palabra. “Debe ser así”, intervino. Con la misma holgura hablaron Hans y Godoy. “Por eso son tan ineficientes los controles policiales”, remató el periodista.[25] Con este nivel de liviandad se reforzó la sensación de que las instituciones estaban trabajando, de que se hace lo posible ante un poder narco que sobrepasa todo. Así, las autoridades quedaron exentas de responsabilidades ante la audiencia.
Mes de abril. “Población La Legua, comuna de San Joaquín, la misma que ha sido noticia tantas veces por balaceras, homicidio, tráfico de drogas, esa que de una u otra forma es intervenida…”[26] rezaba el comienzo de otro reportaje de Televisión Nacional. “Ciento cincuenta detectives de la PDI en una operación inédita”, agregó el periodista. La pregunta que surge de inmediato es ¿qué sería lo inédito? Al margen de la cantidad de detectives, ni sus métodos, ni el número de bandas investigadas (dos), ni los integrantes de la misma, tienen la característica mencionada. Llama la atención que, en un mismo párrafo de su texto, el periodista haya expuesto la reincidencia de la delincuencia en La Legua y, renglón seguido, haya atribuido novedad al actuar policial que supuestamente la combate, sin relatar, en concreto, ninguna acción nueva. Avanzado el reportaje, aparentemente la novedad que el periodista otorgó a la operación, no estaba en ésta sino en la religión de las facciones indagadas. Para el periodista resultó curioso que una banda de narcotraficantes profesara una religión judeo-cristiana, y los catalogó como “Los Narcos Creyentes”. La creencia de los narcos fue vinculada por el experto del momento, el sociólogo Humberto Lagos, a una especie de culto a criminales reconocidos como El Chacal de Nahueltoro o Hans Pozo. El único sustento expuesto para dicha relación fue el incremento en el decorado de las animitas de los supuestos venerados. Pese a lo inédito de la etiqueta, las particularidades asignadas a las bandas, como la fe o los ritos religiosos, no son patrimonio de un grupo en particular ni constituyen primicia alguna.
Hacia mediados de año, en el mes de junio, Televisión Nacional prosiguió con el enfoque de sus cámaras en la población. La grandilocuencia de los titulares volvió a hacerse presente. Esta vez se refirieron al “más buscado de La Legua”.[27] La nota hizo especial énfasis en el despliegue tecnológico del que dispuso la policía, atribuyendo a estas “nuevas” herramientas la siguiente aseveración del periodista: “Por primera vez vemos un procedimiento en televisión.” Cuesta entender una declaración de esta índole, cuando son innumerables las ocasiones en que periodistas y camarógrafos han acompañado a ambas policías, Carabineros y PDI, en las redadas ejecutadas sobre todo en Legua Emergencia. El archivo de los grandes canales televisivos, TVN, Canal 13, Mega y Chilevisión, con imágenes de oficiales armados irrumpiendo moradas en la población, solo en sus plataformas digitales de acceso público, es enorme. En el almacenaje privado debería ser aun más extenso. Pero el periodista dijo “por primera vez” (como en la vez anterior “inédito”), sin más.
Una situación que clamaba por debida atención se vivió en Legua Emergencia en el último trimestre de 2019. El 18 de octubre se desató un estallido social de carácter histórico que se institucionalizaría convocando a un plebiscito para cambiar la Constitución Política de la República. Fueron muchos los focos de protesta en la ciudad de Santiago, teniendo a Plaza de la Dignidad (ex Plaza Baquedano) como el escenario principal. Sin embargo, un territorio que usualmente era habitado por Carabineros y su Grupo de Operaciones Policiales Especiales (GOPE), fue desocupado por la demanda de efectivos en otros sectores. Así, Legua Emergencia se encontró de pronto sin la intervención policial. Muchos pobladores contemplaron con asombro en las primeras dos semanas de revuelta una paz que añoraban, describiendo la sensación como una “taza de leche”, expresión que fue repetida en el boca a boca de la población y que fue registrada en la voz de una de las vecinas que participó en el cabildo organizado por el Comité de DDHH de La Legua en la Junta Vecinal de Legua Emergencia.[28] La interrogante pertinente entonces es ¿quién ha provocado la violencia en La Legua?
2020
Al efervescente estado de ánimo nacional por el cambio constitucional, se le enquistó una pandemia mundial producto del COVID-19, un virus que ha azotado y enlutado a casi la totalidad de las naciones de la tierra. Medidas restrictivas de las libertades individuales y colectivas que antes eran combatidas por la ciudadanía en franca rebeldía, en este escenario de pandemia fueron aceptadas mayoritariamente. Sin embargo, las cuarentenas y toques de queda decretadas por la autoridad, fueron desatendidas por el sector minoritario de la población La Legua ligado al narcotráfico. Las balaceras no cesaron en Legua Emergencia, sino todo lo opuesto, aumentaron, mientras las policías merodeando en el barrio las desdeñaban. Una situación en extremo compleja, considerando el encierro, la cesantía y el hambre a la que era sometida la clase trabajadora por un Estado que privilegió la protección de la gran empresa privada. El silencio de una ciudad paralizada posibilitó que la cruda violencia a la que está habituada La Legua, se escuchara y se sintiera en los barrios aledaños.
En este marco de impotencia es que las y los pobladores genuinamente decidieron volver a sus calles, para protestar por una condición que se tornaba insufrible, con la consigna de “NO MÁS BALAS”. La noche del 16 de mayo de 2020, el sonido de las cacerolas se elevó por sobre todos los demás, y prácticamente en cada esquina de La Legua se encendió una barricada, teniendo el sector de Emergencia la mayor masividad. El registro fotográfico y audiovisual de vecinas y vecinos se viralizó en las redes sociales, forzando a los medios de comunicación de la oligarquía a fijar su mirada en La Legua. En tanto, desde el Comité de DDHH de La Legua se redactó una carta abierta que se sumaba al fragor de las y los pobladores.[29] En este caliente ambiente, el Intendente de la Región Metropolitana, Felipe Guevara, declaró en conferencia de prensa que Carabineros y la PDI sí estaban interviniendo contra la violencia, y que las y los pobladores, como protesta, respondían ante el actuar policial con balazos y fuegos artificiales.[30] Un embuste vil, fácil de desmentir pero difícil de contrarrestar comunicacionalmente sin el aparataje mediático del que dispone el Intendente la capital.
Barricadas en Padre Mariano Puga la noche del 16 de mayo de 2020
Un par de semanas más tarde, el espejismo de un trabajo policial eficiente era replicado por los canales de televisión. Canal 13 hablaba de “La caída de los últimos capos de La Legua”.[31] Un titular poco original que se sumaba a la larga lista de encabezados en donde lo que el Estado hace en La Legua es casi siempre de “primer” o “último” orden, que además incurría en una nomenclatura ajena a la población, importando términos provenientes de la cultura norteamericana. Otro reportaje que contribuyó a permear una impresión social sobre La Legua y la labor que en sus calles desempeña el Estado.
Tres días después y por el canal Mega, la población volvía a estar en el horario estelar de la televisión abierta. La intención aparente en este reportaje parecía ser otra. “Coronavirus, hambre y narcotráfico: los dolores de La Legua”[32] era el titular de la nota en cuestión. Se realizó un retrato bonachón de la solidaridad que sorprendía a algunos pero que siempre ha estado presente en la población, agregando las denuncias por una vida en paz. Todo en el marco de las trilladas imágenes de allanamientos, narcotráfico, fuegos artificiales, etcétera. Ninguna novedad hasta que el Intendente Guevara retornó a la pantalla diciendo lo mismo que había dicho semanas antes, que las balaceras y los fuegos artificiales son la “protesta” de la población ante el “buen” trabajo policial. No hubo contrapregunta ni nada que contrastase la afirmación del Guevara. A diferencia de la declaración anterior, el Intendente disponía de tiempo y cabeza fría para pensar en lo que diría. Es plausible inferir que sus dichos están articulados en función de un nuevo discurso sobre la población La Legua: la protesta y el narcotráfico serían una misma “cosa” para él y, en consecuencia, para el Gobierno. Este relato configuró una clara manipulación de la opinión pública y criminalización de la protesta. Como se ha mencionado, hacer frente a tales paparruchadas sin un poder mediático que sopese mínimamente al del Estado, es una tarea titánica para las y los pobladores de La Legua que han protestado legítimamente.
El primer mes del segundo semestre del año ya comenzaba. “Los Pistoleros de La Legua”[33] titulaban P. Nunes y J. Pinochet de Canal 13 a otro reportaje más, que con un “Esta noche usted podrá ver imágenes inéditas de la caída de una banda…” convidaban al televidente. Una triste escena, en la que un recluso denostaba a un joven de 19 años a quien supuestamente habría apuñalado, era registrada en un teléfono móvil por el presunto perpetrador en tono amenazante. Las preguntas intrascendentes redundaban en la redacción periodística, en tanto, las responsabilidades institucionales por el acceso a armas cortopunzantes y celulares, o por una evidente tortura acaecida en las dependencias de gendarmería, ni de asomo, fueron reclamadas. Y así, conforme avanzaba la nota, se ampliaban las incongruencias. “La BRICO (Brigada Investigadora del Crimen Organizado) de la PDI se prepara para dar el golpe final a los pistoleros de La Legua.” Una de las frases más repetidas por ciertos medios cuando de hablar sobre narcotráfico en La Legua se trata. Maneras archiconocidas de referirse a un trabajo policial que se ha destacado, al menos, por su ineficiencia. No obstante, la prensa oligárquica lo reviste siempre de un carácter taxativo y pareciera que hasta épico. Para el cierre, las palabras escogidas por el noticiario fueron las siguientes: “…un nuevo intento de buscar algo de paz para los vecinos de una población golpeada por décadas por el estigma y la putrefacción que deja el narcotráfico.” Como se ha señalado en el inicio de este artículo, el estigma construido sobre La Legua, tiene un historial que se acerca al centenario, es por largo previo a la instalación del narcotráfico y tiene más relación con el tratamiento mediático que con los fenómenos al interior de la población.
2021
Exactamente el mismo reportaje y solo difiriendo en el título, transmitió la señal abierta de Chilevisión, con una semana de distanciamiento. “Guerra en La Legua” lo titularon la mañana del 9 de marzo, para el matinal de la estación televisiva, el de mayor audiencia en dicho horario. “La Legua: a un año de que sacaran los muros” lo titularon la noche del 16 de marzo, para el noticiario central.[34] Ni en esa semana, ni en la anterior, ni en la posterior, sucedía algo particular en La Legua como para tener tal nivel de interés. Más allá de la repetición, llama la atención la hiperbolizada definición del primer titular y la imprecisión vergonzosa del segundo. Por mucho que se insista en un lenguaje bélico, no hay una guerra en La Legua; hay violación sistemática de Derechos Humanos, hay pobreza, hay narcotráfico y una infinidad de otros problemas, pero no una guerra. Tampoco había transcurrido un año desde el derrumbe de muros que, como aquí se ha dicho, comenzó en 2017 y terminó en 2018. Sobre el contenido del reportaje, que inicia con el testimonio de una vecina, la rigurosidad fue la misma. Hay tres juntas vecinales en La Legua: la de Legua Vieja, la de Legua Nueva y la de Legua Emergencia. A ninguna pertenece la vecina aludida, que es señalada sin embargo como “Pdta. Junta de Vecinos La Legua”. La sede en la que se encuentran grabando y en donde la vecina sí preside, es la de Jardines de San Joaquín 2. Pero lo peor no fue esto ni el reciclaje de un archivo audiovisual que satura la memoria legüina. Lo más deleznable fue la puesta en escena de la Subsecretaria de Prevención del Delito, Katherine Martorell que, junto a la estatuilla de un caballo parado sobre las patas traseras, en lo que parecía las dependencias de su oficina de trabajo, tenía encapsulado un ladrillo supuestamente extraído de los muros caídos de la población. Ladrillo al que Martorell miraba fijo, luego de una pausa en su exposición, para decir que “hemos avanzado” en lo que sería, según el periodista, uno de los hitos más importantes en la administración de la Subsecretaria.
La noche del jueves 15 del mes de abril,[35] un joven de 26 años oriundo de La Legua era asesinado en un aparente acto de venganza perpetrado por rivales. La persona asesinada, de niño, fue dejada en situación práctica de orfandad por el Estado de Chile, que apresó a su madre y su padre. La noticia fue cubierta por la totalidad de los canales de televisión abierta y por un amplio espectro de medios radiales y digitales. La reacción del Gobierno de la República se verbalizó en la siguiente declaración de la Subsecretaria Martorell: “Hace muchos años, muchísimos, que los periodistas preguntan por el clan o por la banda de Los Gálvez en La Legua. Hoy día me preguntan por el último de Los Gálvez. Eso es el trabajo policial que se ha hecho dentro de La Legua.”[36] Aparte de la ineptitud comunicacional de atribuir a las policías un delito, lo que se debe hacer notar en este comunicado, es lo que no está. Es decir, la ausencia de condena a un acto criminal como lo es un asesinato. Ni siquiera un lamento por la temprana muerte de un ser humano. Los jóvenes de la patria se acribillan entre sí y desde el Gobierno parecen celebrarlo.
A modo de cierre
A la prensa en general, poco le importa conocer La Legua, pero mucho habla de ella, estigmatizándola sistemáticamente.
En ciertos medios, existe un evidente patrón de obediencia hacia el Gobierno y su estrategia mediática en torno a la seguridad pública. Considerando lo anterior, La Legua es un dispositivo mediático más que facilita la bajada del discurso.[37]
A 20 años de su nacimiento, el Plan que el Estado inició en La Legua está en su “etapa adulta”. Tal vez, ahora que la Intervención tiene “edad punible”, pueda ser oportuno que los (i)responsables den una buena explicación sobre tanta muerte, violencia y mentira.
Para finalizar, una cita de Víctor Hugo Castro, poeta legüino que fundó en plena dictadura la Casa de la Cultura José Manuel Parada, que integró la Comisión de DDHH de La Legua, que articuló las primeras versiones de la Semana Legüina, y que hasta hoy inspira con su lucha dada, a quienes queremos un buen vivir:
“Nos aburrimos de que hablaran por nosotros
y nos decidimos a cantar con nuestras propias y humanas voces.”
Revista APSI 179, 19 de mayo de 1986
[1] REDOLE y ECO – Lo que se teje en La Legua (1999: 24)
[2] Patricio Montalva Quindos – Problemas médico sanitarios de la población La Legua (1951: 27)
[35] Esa misma noche y en simultáneo, estábamos al aire en “Leguario, conversando desde abajo”, un programa que hacemos en La Ventana, la radio comunitaria de La Legua, interpelando a Tomás Mosciatti por una columna suya sobre narcotráfico en Radio Bío Bío. (https://fb.watch/59qMDvjdIv/)
[37] La Legua es un dispositivo más. Son innumerables las poblaciones estigmatizadas. Es trascendental esclarecer que estas situaciones las viven también otras poblaciones, las primeras naciones, las disidencias sexuales, las comunidades migrantes y un largo etcétera.
Introducción: constatando la violencia institucional en tiempos de “normalidad” y de “excepción”.
El ejercicio impune de la violencia policial se convirtió en un tema de interés nacional en el contexto del excepcional despliegue de la fuerza estatal durante la revuelta de octubre de 2019. Sin embargo, se trata también de un fenómeno propio de la “normalidad” en territorios permanentemente sometidos a intervenciones de los aparatos de seguridad, como ocurre en La Legua y en otros de los así llamados “barrios críticos”.
¿Qué factores favorecen la impunidad policial? O dicho de otra forma: ¿Por qué actos graves de violencia policial suelen ocurrir sin que se haga efectiva algún tipo de responsabilidad civil, disciplinaria o penal? Los factores son de distinto orden. Se puede pensar en el manejo o fabricación de pruebas, en el miedo o dificultades que enfrentan las víctimas para denunciar, amenazas, deficiente funcionamiento de los mecanismos de control interno de la policía, escasa regulación del abuso policial en contra de particulares, múltiples obstáculos para acceder a asesoría jurídica, la deferencia que ciertos jueces tienen hacia la función policial, la imposibilidad de contrastar la palabra de la policía en una investigación, entre otras explicaciones. Si bien todos estos factores son relevantes para entender el fenómeno de la impunidad policial, el estallido social del 18 de octubre de 2019 volvió a alertarnos sobre un procedimiento específico que resulta decisivo a la hora de probar la existencia de hechos de violencia policial ejercida sobre los cuerpos: la constatación de lesiones.
El objetivo de este artículo es dar cuenta de los serios problemas que obstan a que el procedimiento de constatación de lesiones sirva para contrarrestar la violencia institucional, identificando conexiones entre aquello que se denunció durante el estallido social y los problemas que, en general, presenta este procedimiento, ilustrando algunas de las reflexiones con la realidad particular de un establecimiento de salud primaria de la zona sur de Santiago con el cual el Comité ha establecido un vínculo de colaboración[1].
La constatación de lesiones en el estallido social: evidencia de un problema de regulación.
El estallido social de octubre de 2019 dejó las más graves violaciones a los derechos humanos después de la dictadura cívico militar de Augusto Pinochet. Los casos de vulneración de derechos se cuentan por cientos y son el resultado, mayoritariamente, de un uso desproporcionado de la fuerza militar y policial así como de la aplicación de distintos tipos de apremios en lugares de detención. Estos hechos imponen a las autoridades del Estado un deber de procesar adecuadamente estos hechos mediante su investigación, juzgamiento y eventual sanción de los responsables. Lamentablemente, en conjunto con la violencia institucional desplegada, se pudieron verificar, desde un comienzo, importantes fallas en la cadena que permite investigar diligentemente las violaciones de derechos humanos.
Uno de los procedimientos que presentó problemas es la llamada “constatación de lesiones”. Se trata de una pericia de la mayor importancia para probar hechos de violencia: lesiones producto de golpes o uso de armamento “menos letal”, rastros de tortura o cualquier secuela física derivada de malos tratos cometidos por funcionarios policiales. La constatación de lesiones consite en un documento que solo puede ser suscrito por un médico o médica que da cuenta de manera objetiva de las lesiones, junto a una breve contextualización de los hechos que las habrían provocado. Concretamente, los problemas que se dieron durante el estallido tienen que ver con una falta de regulación clara del procedimiento de constatación de lesiones, lo que dio lugar a reiterados intentos de parte de funcionarios policiales de evitar el procedimiento o bien intervenir en el mismo. Un problema adicional que se verificó en varios establecimientos de salud tiene que ver con la falta de un compromiso transversal dentro del gremio médico para realizar las constataciones en todos los casos que fue necesario.
Parte de estos problemas fueron denunciados en el informe de Human Rights Watch (HRW) que se hizo público el día 26 de noviembre de 2019[2]. El informe destacó testimonios de víctimas que denunciaron sentirse coaccionados por la presencia de funcionarios de Carabineros dentro de la sala de urgencias, quienes se mantenían a pocos metros y vigilantes respecto de aquello que era relatado al personal médico. Asimismo, diversos funcionarios policiales indicaron que “el mismo carabinero que realizaba la detención” era quien generalmente acompañaba al imputado a constatar lesiones. Es decir, el mismo policía que podría haber cometido una agresión era luego quien acompañaba en todo momento a la víctima a constatar lesiones. El informe de HRW concluyó con una recomendación que confirma el importante problema de regulación del procedimiento de constatación de lesiones: “Adoptar un protocolo junto con las autoridades de salud para que los detenidos sean sometidos a revisiones forenses independientes, que no se realicen frente a carabineros y ocurran a una distancia en la que no puedan ser escuchados”.
¿Cómo se regula este procedimiento? La principal regulación se encuentra en el Decreto Exento Nº 2534 de 2013 del Ministerio de Justicia. Este decreto aprobó el “Protocolo interinstitucional de constatación de estado de salud de detenidos en proceso penal”. Un rasgo clave de la regulación allí contenida es que establece, como regla general, que a las personas adultas detenidas no se les procederá a realizar constatación de lesiones, salvo ciertas excepciones. En vez de la constatación de lesiones, se indica que las policías deben levantar un “acta de estado de salud”. En caso de que la persona firme dicha acta, no resulta necesario realizar una constatación de lesiones. Solo excepcionalmente se procederá a la constatación cuando la persona presente lesiones visibles, se encuentre enferma, exista antecedente de enfermedad o solicite por sí o por un tercero, atención médica. También procederá cuando el o la fiscal lo solicite, el/la funcionario/a policial estime necesario la constatación, la persona detenida se niegue a firmar el acta de estado de salud, o no pueda darse a entender o manifestar su voluntad claramente respecto a la constatación de lesiones. Procederá siempre la constatación cuando la persona detenida sea mayor de edad, lo que es confirmado por la Circular N° 1727 de Carabineros.
Los problemas de este modelo de regulación son evidentes. Al definir que la constatación no es la regla general y que el procedimiento puede ser obviado al suscribirse la llamada “acta de salud” en el lugar de detención se está entregando un poder enorme a la policía, lo que no favorece en nada la debida investigación de hechos de violencia institucional. En la práctica se permite que los funcionarios policiales puedan ejercer presión para que se firme dicha acta, a pesar de haberse ejercido violencia física contra la persona detenida. Así se ha denunciado en múltiples ocasiones por parte de pobladores y pobladoras de La Legua: en procedimientos donde sí se ejerce violencia contra una persona que es luego detenida, Carabineros tiende a condicionar la posibilidad de salir del lugar de detención o la posibilidad de salir sin ser imputado de ilícitos no cometidos, a la firma del acta de salud. Es decir, la persona firma el acta que consigna no haber sufrido lesiones “a cambio de” salir en libertad sin imputaciones. Junto con este problema, que no se adopten garantías durante la realización de la constatación de lesiones -en caso de que se logre realizar- solo agrava las cosas. En efecto, el protocolo guarda silencio sobre una cuestión básica, esto es, que los funcionarios policiales no deberían estar presentes en el lugar mismo donde se practica la revisión médica.
Tras el estallido social, y probablemente a propósito de las deficiencias que se estaban verificando en la realización de la constatación de lesiones, el Colegio Médico publicó, en febrero de 2020, una guía con estándares mínimos para este procedimiento[3]. Entre los lineamientos que contiene el documento se encuentran: el resguardo de la intimidad del afectado o afectada; asegurar un trato digno; resguardar la privacidad del examen al afectado o afectada; la prohibición de realizar la constatación en recintos policiales; el respeto a la autonomía del personal médico para realizar la revisión correspondiente; el aseguramiento de la asistencia a niños, niñas y adolescentes así como el deber de informar a sus padres; la importancia de incluir un relato de los hechos que dieron lugar a las lesiones; la prohibición de formular una objeción de parte del médico o médica a la práctica de la diligencia; y, el deber de realizar una denuncia cuando sea notoria la existencia de lesiones producidas por terceros. Este último principio confirma el deber legal -derivado del artículo 200 del Código Procesal Penal- que tiene el personal médico de denunciar las lesiones corporales de significación que conozcan ejerciendo su función profesional.
La guía del Colegio Médico constituyó un gran aporte para que la constatación de lesiones sirva, efectivamente, para la debida investigación de situaciones de violencia policial. No obstante, sin una adecuada regulación, es probable que se sigan observando problemas como los que se han ido mencionando. También a nivel del gremio médico pareciera ser necesario un compromiso todavía más decidido, como se ilustra con la experiencia a la que se hace alusión en los párrafos siguientes.
La constatación de lesiones en la zona sur de Santiago
El sábado 19 de octubre del año pasado, en la comuna de La Florida, Marta, trabajadora social de un Centro de Salud Familiar (Cesfam) del sector sur de la capital, salió a cacerolear junto a vecinos y vecinas. “Es un barrio de gente piola, nunca nadie había salido a manifestarse”, dice. Vecinos y vecinas crecían en número y, en medio de la efervescencia que se acumulaba, irrumpió un contingente de Carabineros. Al poco tiempo comenzaron los disparos y, segundos después, Marta sintió que algo impactaba el lado izquierdo de su cuello. Recibió un balín y tuvo que ser trasladada de urgencia al Hospital de La Florida. Una vez allí, los médicos se negaron a realizar un escáner o radiografía para poder dar cuenta a cabalidad de las lesiones. Tuvieron que pasar varios días para que en otro hospital -el Barros Luco- le realizaran todos los exámenes, proveyéndole del tratamiento que necesitaba. Esta experiencia personal la llevó a preguntarse si los médicos estarían realmente practicando las constataciones de lesiones durante el estallido social que acaba de comenzar.
Al reincorporarse en su trabajo, Marta, junto a colegas del Cesfam, se dieron cuenta de que muchas personas que llegaban heridas en el contexto del estallido recibían atención pero no se realizaba una constatación formal. “Algunos médicos mostraron compromiso desde el principio, pero otros evadían realizar el procedimiento, por no estar de acuerdo con el estallido”, comenta. También vieron cómo funcionarios de Carabineros se apostaban junto a las personas heridas al momento de realizarse la constatación de lesiones. Según Marta, “muchos policías presionaban para que el médico pusiera algo específico en su informe”.
Ante estas situaciones, los trabajadores y las trabajadoras del Cesfam se organizaron. Crearon una Comisión de Derechos Humanos y tomaron dos medidas concretas. La primera medida fue revisar muchas fichas de atención y llamar “de vuelta” a personas heridas para realizar la constatación de lesiones como es debido, con los médicos comprometidos. En esta tarea, dice Marta, “el trabajo de la profesional de informática del Cesfam fue crucial, porque hizo una revisión exhaustiva de todas las fichas que teníamos”. La segunda medida consistió en enfrentar a los Carabineros, expulsándolos de los box de atención: “Les dijimos que tenían que retirarse, que la atención es confidencial y que esperaran en el pasillo”, recuerda Marta, reconociendo que ni siquiera tenían claro si Carabineros podía o no estar presente durante el procedimiento.
Por otra parte, antes y después del estallido, muchos médicos se excusaban diciendo que no podían realizar la constatación porque no conocían el procedimiento o no contaban con el formulario. Por eso, desde la Comisión de Derechos Humanos, elaboraron su propio protocolo interno, pidiendo apoyo de la Dirección para colocarlo en todos los box del Servicio de Atención Primaria de Urgencia (SAPU) del establecimiento. El protocolo contenía indicaciones sobre cómo realizar la constatación y cómo derivar al paciente, incluyendo el deber de informar sobre canales de denuncia ante organismos de derechos humanos.
Lo que logró este centro asistencial de salud es tremendamente positivo, pero es preocupante que solo haya sido posible gracias a la organización de los trabajadores y trabajadoras. También preocupa que se haya debido entrar en una relación de tensión no sólo con funcionarios policiales, sino también con algunos médicos y médicas del establecimiento. Eso habla de que hay una necesidad de un compromiso mucho más decidido del gremio, pues solo un médico o médica está autorizado para emitir un informe de constatación de lesiones. El hecho de que la Comisión de Derechos Humanos del Cesfam tuviera que tomar la iniciativa de elaborar un protocolo interno también resulta alarmante y confirma que la regulación existente es deficiente y poco conocida por los operadores del sistema de salud.
La importancia de un procedimiento en el que se juega la impunidad policial
Como se ha expuesto, la manipulación del procedimiento de constatación de lesiones que se evidenció en el marco de la revuelta social es una realidad instalada hace años en espacios donde la violencia policial es cotidiana, como la población La Legua. Aquí, las víctimas de abuso institucional han denunciado cómo la regulación permite graves patrones de chantaje por parte de la policía, buscando que la persona agredida declare no haber sido objeto de violencia a cambio de no seguir siendo humillada, violentada o derechamente “cargada” con algún ilícito que no cometió. Lo que ocurría sistemáticamente en territorios marginados ahora se convirtió en un problema de escala nacional. Muchas personas que fueron objeto de malos tratos y agresiones por parte de la policía vieron las dificultades que existen para que el personal médico certifique la existencia de lesiones corporales.
El poder de la policía se distingue por su discrecionalidad y capacidad de controlar los hechos en total asimetría respecto de quienes son objeto de sus acciones. En este escenario, las posibilidades de contrarrestar la versión policial son siempre escasas. Por ello, como hemos visto, la constatación de lesiones -algo que podría considerarse un “detalle” dentro del procedimiento que sigue a una detención- es determinante para establecer la verdad de lo sucedido. Una adecuada regulación de este procedimiento y un compromiso fuerte de parte del gremio médico aparecen, según lo que hemos querido transmitir en este texto, como necesidades de la mayor urgencia para hacer frente a la impunidad que suele cubrir la violencia ejercida por agentes del estado.
[1] El trabajo de colaboración ha consistido en consultas de parte del personal del establecimiento al Comité, así como algunas actividades de conversación con funcionarios(as) y usuarios(as) que se realizaron durante 2019. También se usó como fuente una entrevista realizada por los autores a una funcionaria de dicho centro de salud el día 23 de diciembre de 2020. Se han alterado nombres y resguardado otros datos de identificación para proteger a los funcionarios y funcionarias que colaboraron con información para este trabajo.
Fotografía del 20 de octubre de 2019, en Avenida Las Industrias con Alcalde Pedro Alarcón
En uno de sus cuentos más famosos, Jorge Luis Borges cuenta la historia de Ireneo Funes, un joven incapaz de olvidar. Su memoria llega a tal extremo, señala el narrador, que Funes podía recordar no solo cada hoja que había visto en su vida, sino todas las veces que había visto cada una de esas hojas. Como sucede en casi todos sus magistrales cuentos, estamos invitados a sorprendernos no solo por lo que Borges relata, sino también por lo que calla. Una de las cuestiones que omite, y que podemos resaltar para comenzar la lectura de este documento, es que Ireneo Funes no necesita compartir sus recuerdos; lo que otras personas pudieran añadir era completamente irrelevante, pues en la cabeza de Funes (cuyo cuerpo, a causa de un accidente, estaba inmovilizado) ya se encontraban todos los recuerdos. Acaso afortunadamente, y mientras asistimos sorprendidos al avance meteórico de la inteligencia artificial, nadie ha poseído jamás la memoria de Funes. Nuestra memoria está hecha tanto de recuerdos como de olvidos. Compartirla, por tanto, es un ejercicio ineludible para enriquecerla.
La coexistencia de recuerdos y olvidos explica la persistencia con que, como Comité, hemos articulado año a año cada una de nuestras memorias. Podemos decir, volviendo a la imagen de Ireneo Funes, que dos razones fundamentales explican este documento. Por una parte, sabemos que nuestras imágenes de lo que ocurre en La Legua, como en cualquier otro lugar, son siempre incompletas. Esta memoria busca relevar lo que de ellas nos parece más significativo. Por otra parte, queremos contribuir a la construcción de la memoria colectiva sobre nuestra ciudad, considerando especialmente lo que pasa en los barrios socialmente excluidos y marginados. Este doble objetivo explica no solo la existencia de este documento, sino también la estructura que hemos querido darle para dar cuenta de algunos de los significados que tuvo el año 2019. Así, por primera vez desde que producimos nuestras memorias institucionales, hemos incluido una entrevista a una pobladora de La Legua, cuya hija, una niña, recibió un impacto de bala en marzo de 2020, en el contexto de las protestas que sucedieron al estallido social. La voz de Yeny, armada de coraje y tenacidad, muestra algo relevante de la memoria de las mayorías excluidas: al contrario de Funes, el recuerdo no es una facultad de la naturaleza, sino una lucha constante porque sus voces no sean acalladas. El silencio, a veces, se parece demasiado al olvido.
La entrevista a Yeny, hecha por nuestros compañeros Paulo Álvarez y Marcelo Del Campo, puede ser leída como la contracara de la revisión de prensa que ofrece, también, Marcelo. Puestas de frente, ambas secciones dicen lo que la otra calla. La entrevista a Yeny, aunque narra el horror, está cruzada por el amor por La Legua, una tierra, dice ella convencida, donde abunda la solidaridad, el compañerismo, y donde la suerte del vecino o vecina no es indiferente. Los medios de prensa hegemónicos, en contraste, pintan una Legua a brochazos de estigma y prejuicio, llevando al público una imagen de la población que tiene la estatura justa de sus miedos: un terreno donde campearían las balas y la violencia cruda, y donde el Estado existiría apenas como el remedo de una promesa siempre incumplida. La Legua, ese terreno que, a pesar de la adversidad más honda, Yeny sigue conjugando en plural, en la prensa aparece como un otro distinto, al que se teme y se debe extirpar, que reflejaría todo lo que la sociedad chilena no quiere para sí.
Sin embargo, La Legua se parece mucho más a Chile que lo que quieren hacer creer los voceros del poder, que siempre hablan en tono de miedo y horror. Si en La Legua eso siempre se supo, Chile lo descubriría, en su versión más oscura, a contar de octubre de 2019.
La imagen es el 2 de octubre de 2020, pero bien podría estar tomada de los días del horror más oscuro que asoló nuestro país. En ella se ve a jóvenes corriendo por el puente Pío Nono, en el marco de una protesta, y a un funcionario policial que, acometiendo contra uno de ellos, lo lanza a la ribera del río. El joven de 16 años, de nombre Anthony y originario de Puente Alto, sufrió el impacto de una caída de más de siete metros de altura, y hoy se halla hospitalizado, recuperándose de múltiples fracturas de muñeca.
La horrorosa historia de Anthony, víctima de la violencia letal del Estado, nos recuerda lo que la intervención en La Legua viene mostrando hace cerca de 20 años: que la vida nuestra, la vida de las grandes mayorías, no vale nada en el contexto de un sistema diseñado para proteger los privilegios de unos pocos. Hoy fue Anthony, hace diez años fue “Juanito”, torturado al interior de un retén policial; hace cinco años fueron las niñas y niños de Sánchez Pinzón que vieron cómo, a eso de las cuatro de la mañana, funcionarios de Carabineros irrumpían en su hogar disparando lacrimógenas al interior. Si actúan así de forma tan siniestra e impune en plena Plaza Dignidad, imagínenlos en Legua Emergencia.
Mucho se habla en estas semanas de la necesidad de reformar a la policía. Hay quienes hablan de modernizarla. Otras y otros que hablan de democratizarla. Hay quienes apuntan a una refundación de las fuerzas del orden. Suscribimos a dichos llamados. Carabineros no puede continuar actuando como lo ha hecho hasta ahora, de forma violenta y discriminadora. Tampoco puede continuar, clamamos desde La Legua, un sistema que pasa por encima de la vida de la mayoría para proteger los privilegios de las minorías y de los dueños del capital.
Un 16 de septiembre asesinaron, luego de torturarlo, a Víctor Jara. La madrugada de ese mismo día, la dictadura cívico-militar comenzaba a perpetrar el primer allanamiento a La Legua. Aviones de la Fuerza Aérea aterrorizaron a la población sobrevolando sus casitas. Con el estruendo, la policía y la milicia invadían sus hogares, devastándolos y humillando a las familias legüinas. Cerca de cuatrocientos pobladores terminaron injustamente concentrados en el Estadio Nacional, convertido en foco del suplicio. Las redadas se repitieron en los meses posteriores y durante los años siguientes el terror ante la amenaza de bombardeo en La Legua fue permanente.
Cincuenta y siete son las personas asesinadas por el régimen en La Legua, otorgándole el triste registro de ser la población con más ejecutados políticos. Muchos de los culpables detrás de estos crímenes, siguen impunes, viviendo incluso en la opulencia. Para ellos exigimos castigo, y para las víctimas, justicia y reparación.
A la cordillera silente
Víctor, canto que es río, sol y viento. Plegaria, andamio, manifiesto Teatro, campamento, peña
Guitarras trabajadoras te llenan, con cuerdas que tejen La Esperanza. Sus tonos sostienen el ánimo cansado de tu pueblo Tuviste razón: tu vida es eterna en 5 minutos
Tus manos, Victor, tus manos Fueron lo único que nos dejaste para hacer dormir a les niñes que juegan con la pelota de trapo, con los gatos y los perros
En el agua de tus ojos, hoy te lloramos A tu cuerpo frágil volantín, hoy le rezamos
Levántate, Victor, y míranos las manos Por ti, las estrecharemos a nuestros hermanos Juntos iremos unidos en tu canto Ahora y en la hora de tu muerte, Amén.
Con mucha alegría compartimos con ustedes nuestra Memoria Anual 2018 en versión digital. Agradecemos a quienes amablemente nos leen y se inquietan por el camino hecho. Esperamos que sigan acompañándonos en esta ruta que busca poner en el centro la vida para contrarrestar los signos de violencia y muerte ejercidos día tras día por el Estado chileno contra las pobladoras y pobladores de Legua Emergencia. Descarga integramente la Memoria Anual 2018 y todas las anteriores aquí.
El pasado viernes 1 de agosto conocimos las imágenes y audios que mostraban a grupos de civiles, en complicidad con Carabineros de Chile, asediando, gritando consignas racistas y atacando a las y los comuneros mapuche, y también a niños y niñas, que se encontraban al interior de las municipalidades de Traiguén, Ercilla, Curacautín y Victoria exigiendo la liberación de los presos políticos mapuche. Ante esta situación como Comité de Defensa y Promoción de Derechos Humanos de Legua no podemos sino repudiar estas acciones de violencia y racismo desplegados una vez más contra el pueblo mapuche.
Como organización que es parte de una población sometida a una intervención estatal pronta a cumplir diecinueve años, sabemos las consecuencias de la militarización del territorio, el racismo, la discriminación y la violencia ejercidas por el Estado. Con indignación lamentamos que el Estado continúe desplegando violencia en contra el pueblo mapuche, las que son una constante histórica en el Wallmapu, y que tienen su origen en un Estado indolente e incapaz de enfrentar esta problemática teniendo como base un enfoque de derechos humanos, y no discursos falaces que por una parte hablan de paz y democracia, y por otra utilizan todo el aparataje del Estado para reprimir y acallar las legítimas luchas y demandas de las comunidades.
Consideramos que ante los hechos vividos el pasado viernes, la responsabilidad política recae sobre el recientemente designado Ministro del Interior y Seguridad Pública Víctor Pérez, quien en su reciente visita a la zona negó la existencia de prisioneros políticos mapuche, y anoche, en entrevista en el canal público, y frente a la pregunta “¿usted es de los que cree que ahí está actuando el narcotráfico también en algunos de esos grupos?” afirmó que existen indicios y evidencias, entregados en conversaciones con la policía, Fiscalía y Tribunales, que permiten vincularlos al narcotráfico, ¿enfrentamos la misma lógica del montaje y la utilización de los medios de comunicación serviles al poder para falsear la realidad e instalar ideas que justifiquen para los ojos de la población las intervenciones racistas y violentas del Estado y sus agentes?
Este gobierno ya se acabó políticamente, no obstante sus actos de violencia no. La criminalización de las justas reivindicaciones de las comunidades mapuche, la sistemática historia de violencia y desprecio, la pobreza y el estigma con que el Estado y una parte de la sociedad civil transgrede su dignidad y derechos fundamentales, nos hermana. En efecto, tal como ellas y ellos, nosotres aquí en La Legua vivimos toda esa carga de horror, la intervención estatal nos lo recuerda cada vez que sus prácticas están ocupadas de controlar, vigilar y castigar al poblador común y corriente, mientras la violencia criminal del narco crece.
Nuestra solidaridad, respeto y afecto con los presos políticos y la causa mapuche.
Comité de Defensa y promoción de Derechos Humanos de La Legua
Comité de Defensa y Promoción de Derechos Humanos de La Legua 