Una bala sin nombre en el cuerpo de Luis Ceballos

 

Matrimonio Ceballos-Calderón, en las puertas de la iglesia San Cayetano.

Matrimonio Ceballos-Calderón, en las puertas de la iglesia San Cayetano. Archivo Comité de DDHH La Legua

Ayer 29 de enero termino de ser asesinado, por una bala sin nombre, don Luis Ceballos, uno de los colonos de Legua Emergencia.

En su memoria, lo mejor de la vida de una población que clama justicia y paz.

 

 

 

 

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El hastío de los pobladores y pobladoras de Legua Emergencia con la Intervención policial

por Paulo Álvarez

El día viernes 5, sábado 6 y lunes 8 de enero, luego de balazos entre bandas de traficantes y la inacción y retirada de carabineros del lugar, los pobladores se tomaron los espacios públicos. En grupos fueron juntándose en las esquinas de las calles de Legua Emergencia y en la avenida Santa Rosa con Jorge Canning. Gritaron, cantaron, tocaron cacerolas y tarros, todo en forma pacífica. Carabineros de Chile, los mismos que no actúan en las balaceras o se hacen cómplices de traficantes, no titubeó sin embargo en reprimir el clamor de la gente y una y otra vez ejerció violencia, violencia innecesaria por cierto, sin argumentos, ni mayor fin que demostrar que actúa contra lo que ellos entienden son el problema o para aparentar-justificar su presencia en la población. En lo que no es un hecho aislado, carabineros ocupó gases lacrimógenos, carros de fuerzas especiales y el conocido “guanaco” en contra de los manifestantes pero también en contra del transeúnte, las calles y casas de los vecinos, afectando seriamente la salud de los niños y niñas que habitan el territorio

Los pobladores de Legua Emergencia han salido a la calle a gritar, cacerola en mano, que la violencia debe terminar.  Desde hace tres meses y casi todos los días éstas no han dado tregua.  Es posible afirmar que no se trata de nada nuevo, las balaceras amenazan la vida de  niñas y niños, jóvenes y adultos, pobladores y transeúntes hace muchos años en la población. Tampoco es novedad que carabineros de Chile no solo no haga nada ante la violencia criminal de quienes disparan sino que descargue su omisión cómplice, reprimiendo duramente a las pobladoras y pobladores que reclaman públicamente que carabineros actúe en consistencia de sus responsabilidades, protegiendo la vida de las personas.

Cansados hasta el hastío, fastidiados de la complicidad entre traficantes y carabineros de Chile, los pobladores han salido a la calle a defender la vida y gritar a quien quiera oír que nada justifica la perpetuación de una violencia que carcome la existencia, destruye la vida e impone el miedo como una manera de relacionarse. Los pobladores han salido a la calle para manifestar su descontento ante la intervención estatal, ante los discursos irresponsables de las autoridades que conducen el proceso y condenan el continuo manoseo (o silencio) de los medios de información en relación a lo que sucede en La Legua, que acostumbrados a espectacularizar la realidad se muestran incapaces de interesarse al mismo tiempo que dar con las condiciones que nutren el narcotráfico y la violencia policial.

El día viernes 5, sábado 6 y lunes 8 de enero, luego de balazos entre bandas de traficantes y la inacción y retirada de carabineros del lugar, los pobladores se tomaron los espacios públicos. En grupos fueron juntándose en las esquinas de las calles de Legua Emergencia y en la avenida Santa Rosa con Jorge Canning. Gritaron, cantaron, tocaron cacerolas y tarros, todo en forma pacífica. Carabineros de Chile, los mismos que no actúan en las balaceras o se hacen cómplices de traficantes, no titubeó sin embargo en reprimir el clamor de la gente y una y otra vez ejerció violencia, violencia innecesaria por cierto, sin argumentos, ni mayor fin que demostrar que actúa contra lo que ellos entienden son el problema o para aparentar-justificar su presencia en la población. En lo que no es un hecho aislado, carabineros ocupó gases lacrimógenos, carros de fuerzas especiales y el conocido “guanaco” en contra de los manifestantes pero también en contra del transeúnte, las calles y casas de los vecinos, afectando seriamente la salud de los niños y niñas que habitan el territorio. Paralelo a ello el despliegue de helicópteros con focos y drones asemejan una situación de guerra cuyo resultado es la reproducción de la violencia inmisericorde e impune hacía la gente común y corriente.

La premura policial por demostrar que hacen algo es una manera de disimular su incapacidad por dar seguridad a la población y tener a bien controlar la delincuencia y en especial las balaceras. Carabineros actúa represivamente con los indefensos, los más débiles, los pobladores y las  personas en condición de droga. Una y otra vez, según las denuncias realizadas al Comité de DDHH de La Legua, atropellan los derechos de los pobladores, los humillan y agreden psicológica y físicamente. Su actuar no solo atenta con los principios que deben custodiar, sino que da cuenta de que en muchos de ellos hay una visión estigmatizante que opera lesivamente contra la gente.

La intensidad con que esto ha ocurrido coincide con la aprobación de un recurso de protección interpuesto por los pobladores del sector de Jardines I y II (aledaña a Legua Emergencia) ante La corte de Apelaciones de San Miguel, cuya sala emitió un comunicado diciendo; “… Se ha puesto de manifiesto que en los sectores donde viven los recurrentes y sus familias, la acción policial de Carabineros es insuficiente y eventualmente omisiva, en términos que revelan cierta marginación de la acción preventiva, disuasiva, de garantía y preservación del orden y seguridad pública, que es su función primordial”. La Corte pidió explicaciones a carabineros quienes debieron haber contestado pero no tenemos acceso a conocer sus argumentos, lo que sí sabemos es que carabineros de Chile actúa con prepotencia cobarde cuando se trata de pobladores y vecinos que demuestran su descontento por los reiterados e impunes hechos de violencia que protagonizan los traficantes.

El tráfico de drogas en las poblaciones y su poder no es otra cosa que el aumento del ejercito de excluidos por una máquina sistémica contenida de competencia y poder. En forma cada vez más rápida, adolescentes y niños, que poco parecen ponderar sobre las consecuencias de dolor y sufrimiento que pueden generar en su accionar de violencia se comprometen en uno de los eslabones del tráfico. En las balaceras que protagonizan poco y nada importa sí en medio quedan sus propios vecinos, quienes por lo demás, les vieron crecer y que hoy sobreviven sometidos, sin vislumbrar posibilidades de cambio en este presente-futuro en que la vida vivida anhela condiciones de respeto, derecho y dignidad.

 

Enero 25 de 2018.

 

 

Tortura, violencia al alma y al cuerpo perpetrado por carabineros a dos vecinos de Legua Emergencia

DECLARACIÓN PÚBLICA:

TORTURA, VIOLENCIA AL ALMA Y AL CUERPO PERPETRADO POR CARABINEROS A DOS VECINOS DE LEGUA EMERGENCIA

 

“Padre e hijo fueron golpeados en distintas zonas de su cuerpo. L recibió golpes de puño en su cara y perdió un diente, posteriormente el carabinero, teniente Maximiliano Yáñez, lo tomó del pelo y azotó su cara contra la pared hasta que estalló la sangre. Amedrentado y balbuceando gritos, L alcanzó a ver la figura de su padre quien desesperado y esposado de manos era obligado a presenciar la tortura a que era sometido su hijo”.

El pasado domingo 15 de octubre aproximadamente a las 16:00 horas, cinco funcionarios de carabineros se abalanzaron sobre un joven de 25 años, L, de la población Legua Emergencia sin motivo conocido. Inmediatamente ingresaron al domicilio desde donde su padre, D, y abuelo tuvieron que observar cómo era amenazado y golpeado. Lo que prontamente ellos vivirían en carne propia dentro del hogar. Además, al abuelo de L, le robaron el anillo de matrimonio y dinero. Posteriormente, ante la atónita mirada de familiares y vecinos, L y su padre D, fueron aprehendidos por los funcionarios policiales, empujados al carro policial y duramente golpeados hasta llegar a la comisaria N° 50 de San Joaquín. El ingreso a la comisaria, que debía ser su resguardo ante la brutalidad con que venían siendo tratados, significó, por el contrario, nuevos tormentos psicológicos y físicos, los que difícilmente podrán borrar de sus vidas.

 

Imagen blog

Padre e hijo fueron golpeados en distintas zonas de su cuerpo. L recibió golpes de puño en su cara y perdió un diente, posteriormente el carabinero, teniente Maximiliano Yáñez, lo tomó del pelo y azotó su cara contra la pared hasta que estalló la sangre. Amedrentado y balbuceando gritos, L alcanzó a ver la figura de su padre quien desesperado y esposado de manos era obligado a presenciar la tortura a que era sometido su hijo. Una vez que acabó la sesión de tortura con el hijo, le tocó al padre ser humillado y golpeado ahora ante la mirada impotente de su hijo. D se propuso callar, no balbucear ni un grito, y en silencio recibió la inclemencia de la brutalidad; hasta que la sangre se apoderó de su rostro y dejaron de golpearlo. D perdió un diente y sus manos tienen cortes que recién están cicatrizando. Más tarde fueron obligados a limpiarse la sangre y fueron conducidos a constatar lesiones. El profesional médico de turno no vio nada anómalo, supuestamente revisó a los pacientes, quienes se encontraban esposados, y los despachó.

Solo al día siguiente en tribunales L y D se enteraron de que eran acusados por un carabinero de lanzarles un vaso y provocarles “heridas graves” en una mano, hecho que nunca sucedió pero que sin embargo, tuvieron que reconocer para no quedarse dentro de la cárcel esperando que la justicia investigara si eran o no inocentes.

La tortura y los tratos crueles, inhumanos y degradantes no son nuevos en Chile, ni siquiera en la historia local y reciente, ni dentro del Plan de Intervención que el Estado ha ejecutado en la población Legua Emergencia. Aunque Chile haya avanzado hacia su tipificación como delito, de la mano de la ley 20.968, la tortura forma parte de la cotidianidad de los marginados y permanece invisibilizada. Convocamos a todos los hombres y mujeres de buena voluntad a indignarse, a centrar la mirada en los crímenes que bajo el rótulo de seguridad se viven cotidianamente en las poblaciones intervenidas. Convocamos a que Carabineros de Chile y la Intendencia, responsable política del mentado Plan, asuman la responsabilidad y procedan en consecuencia. Exigimos justicia, único medio posible de equidad y camino necesario para vivir en dignidad.

Finalmente, consignamos que la familia, en conjunto con el Comité, harán las denuncias formales respectivas.

Paulo Álvarez, presidente del Comité de DD.HH. de La Legua: “Hemos sido el conejillo de Indias del Estado para establecer las políticas de seguridad”

Las balaceras en la población La Legua han puesto nuevamente en debate la ineficiencia de la intervención policial que ya lleva 16 años. El Informe Anual de DDHH, publicado a comienzos de esta semana por la Universidad Diego Portales, se detiene en ella. La califica de ambigua y poco transparente, asegurando que la violencia policial se ha vuelto recurrente. Paulo Álvarez, historiador y vecino de la población, lleva varios años reconstruyendo y analizando los hitos de esta intervención. Tan fracasada es, asegura, que recién el año pasado se enteraron que la Intendencia estaba a cargo de ella: “En 16 años nadie había sido capaz de responder esa pregunta”.

 

Paulo-Álvarez

El 23 de septiembre de 2001 comenzó la intervención policial de La Legua Emergencia. Desde esa fecha hemos sido el conejillo de Indias del Estado para establecer las políticas de seguridad en los sectores excluidos, como Bajos de Mena, El Castillo, o la población Parinacota. Una política pública que no solo es irresponsable en su origen, sino que al mismo tiempo se ha desplegado con una facilidad sospechosa. El año pasado, la Comisión de Barrios Críticos de la Cámara de Diputados discutió una serie de aspectos relacionados a esta expansión, y no existe ninguna evaluación respecto a las deficiencias que ha tenido la intervención.

En La Legua, esta situación ha generado un cerco perimetral controlado por la policía, una violencia cotidiana que vivimos desde hace 16 años. En cada esquina hay carabineros con fusiles y tanquetas blindadas, sin embargo, cuando comienzan las balaceras, ellos se van. Luego, cuando todo se ha calmado, regresan con un show, dando espectáculos junto a las autoridades, que quieren dar la impresión de que algo hacen, cuando en realidad no resuelven nada.

Es cosa de escuchar la retórica política que se ha creado en torno a nuestra población desde el 2001. Primero fue el subsecretario del Interior Jorge Correa Sutil, quien inició la intervención, y luego Felipe Harboe, la más nefasta autoridad que hemos tenido, el responsable de la militarización policial y del profundo estigma que hoy padece la población. Siempre tratando de sacar rédito político, siempre yendo como patroncito a pasearse por la calle. Siempre como sheriff.

Tan fracasada es la intervención, que recién el año pasado nos enteramos que es la Intendencia la que está a cargo de ella. En 16 años nadie había sido capaz de responder esa pregunta. Esa es una de las tramas más impunes: el peloteo que han hecho los distintos actores que han concurrido a la población con políticas públicas y que más tarde se han desentendido. Ellos son los responsables de los mezquinos aportes que reciben las buenas iniciativas, que generalmente quedan en buenas intenciones, incapaces de transformar las lógicas que el narcotráfico impone.

En La Legua, la política pública en la que más se ha insistido ha sido la policiaca. Y ha fracasado. La máxima prueba de que el Estado no tiene (o no quiere tener) herramientas para solucionar uno de los tantos problemas que existen en los grupos más excluidos de este país. Desde su origen, nuestra población ha estado marcada por el despojo, la exclusión, y una relación tensa y ausente con el Estado. Nuestro país ha perdido la sensibilidad para recepcionar el sentir de la gente. No es necesario hacer un metadiagnóstico de lo que ya está diagnosticado, sino que revisar junto a los pobladores y pobladoras el sentido, significado, relevancia, y consecuencias de las políticas públicas. Lo que exigimos, en definitiva, es que se termine esta intervención de carácter policial represiva, y que se impulse una intervención socio cultural. Pero pareciera ser que a las autoridades no les interesa resolver las condiciones generadoras de la miseria que se relacionan con el narcotráfico.

Nosotros no estamos en condiciones de tener un estado paralegal, pero si continúan sólo con la política de la presencia policial, habrá elementos que avancen hacia allá. A mediados de septiembre, por ejemplo, una vecina de un pasaje denunció que un grupo de la PDI allanó su casa y no encontraron nada, pero se llevaron $900 mil que tres familias estaban ahorrando para sus vacaciones. Su caso no es el único. Hay varios más, lo que habla de un patrón de comportamiento de las policías. A eso se le suma el exceso de la fuerza: tiran bombas lacrimógenas adentro de las casas y golpean a los integrantes de las familias. Un show mediático que justifican llevándose presa a gente inocente.

El Estado chileno es el responsable del cerco social que hoy tienen los barrios intervenidos. El mejor ejemplo es que los chicos que fueron detenidos a comienzos de esta semana en La Legua, luego de las balaceras ocurridas, son miembros de la misma banda que supuestamente el fiscal Alejandro Peña desbarató, con mucha parafernalia, hace ya muchos años. Entonces, ¿qué hizo el Estado por los huérfanos que dejó la intervención? ¿Qué contención real y concreta les ofreció a aquellas personas?

Es cierto, el narcotráfico es desgraciado, criminal, violento, y desde todo punto de vista merece el repudio, pero también es verdad que el Estado no ha hecho nada por ofrecer algo distinto que la represión. Los jóvenes que forman parte de él están inmersos en una cadena que da prestigio, y poder, y están dispuestos a mantener eso hasta con la muerte. Como dijo Pablo Walker, el capellán del Hogar de Cristo, “es mejor ser narco que ser nada”.

Se habla con mucha facilidad del mundo narco de La Legua, cuando en realidad los narcos no viven en la población, sino que trabajan allí. Y no le venden mayoritariamente a la gente de la población. No son los trabajadores, ni la gente común y corriente, la que compra droga. Si en verdad quieren ir en busca de los narcos, busquen en otros lugares, como en el mundo financiero o en la inversión inmobiliaria. No lo digo yo, lo dicen los informes internacionales respecto a la situación del narcotráfico en Chile.

Eso habla de la importancia que tiene la droga en la vida económica de un país.

Fuente: The Clinic

Memoria Anual 2016

Mural del Comité de DDHH La Legua. Calle Francisco de Zarate. Foto: Archivo cosmopolita

Mural del Comité de DDHH La Legua. Calle Francisco de Zarate. Foto: Archivo cosmopolita

 

Con mucha alegría compartimos con ustedes nuestra Memoria Anual 2016 en versión digital.

Agradecemos a quienes amablemente asistieron a nuestro lanzamiento. Esperamos que sigan acompañándonos en este camino que busca contrarrestar los signos de violencia y muerte ejercida día tras día por el Estado chileno contra las pobladoras y pobladores de Legua Emergencia.

Para descargar la memoria, haga click en el siguiente link: memoria anual 2016

 

Presentación Memoria Anual 2016

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Presentación

MEMORIA ANUAL 2016

La vida se sigue sucediendo y nosotros la celebramos. El día jueves 28 de septiembre a las 19.00 horas en la Junta de Vecinos de Legua Emergencia (Venecia 3281), Tai Lin, Arquitecto que ha estudiado La Legua, compartirá su sentir y pensar en torno a esta memoria.

Posteriormente  el grupo de teatro La Media Compañía presentará la obra “Padre Pedro”.

 

Organizan:

Comité de Defensa y Promoción de Derechos Humanos de La Legua

Club Social y Deportivo Venecia

Nuevo allanamiento y robo cometido por funcionarios policiales en La Legua

Declaración Pública

Nuevo allanamiento y robo cometido por funcionarios policiales en La Legua

Llevaron a cabo una revisión exhaustiva del hogar, usando incluso los perros de la institución. Aunque no hallaron lo que pretendían encontrar, presumiblemente droga, sí se encontraron con el dinero que la familia había ahorrado durante todo un año para las vacaciones próximas. Sin mediar explicación alguna, requisaron el dinero, introduciéndolo a bolsas de evidencia. Además, uno de los funcionarios se metió en el bolsillo veinticinco mil pesos que contenía una alcancía que correspondían a los ahorros que el niño pequeño del hogar había realizado.

Fuente imagen: Emol

El pasado viernes 15 de septiembre, aproximadamente a las 07:15 de la mañana, un grupo de funcionarios de la PDI realizó agresivos y violentos allanamientos en al menos 6 hogares de la calle Sánchez Colchero del sector Legua Emergencia, comuna de San Joaquín.

La denuncia fue realizada a nuestro Comité por una de las personas afectadas, A.N, quien relató lo vivido al interior de su casa junto a su compañero y sus hijos de 2 y 9 años de edad.  Los funcionarios policiales no se identificaron a la hora del allanamiento,  salvo uno, Patricio García, Subprefecto de la PDI. Irrumpieron en el hogar rompiendo la puerta, para luego  interrogar a los moradores con insultos y amenazas, todo ello frente a los menores de edad. Llevaron a cabo una revisión exhaustiva del hogar, usando incluso los perros de la institución. Aunque no hallaron lo que pretendían encontrar, presumiblemente droga, sí se encontraron con el dinero que la familia había ahorrado durante todo un año para las vacaciones próximas. Sin mediar explicación alguna, requisaron el dinero, introduciéndolo a bolsas de evidencia. Además, uno de los funcionarios se metió en el bolsillo veinticinco mil pesos que contenía una alcancía que correspondían a los ahorros que el niño pequeño del hogar había realizado.

Terminado el allanamiento y luego de retirarse del lugar, los policías volvieron a ingresar al domicilio para esta vez llevarse detenida a A.N. El subprefecto García le indicó a A.N. que su detención se debió que “no tenía cómo justificar el dinero que tenía en su casa”.  A.N. fue luego detenida y trasladada hasta la unidad policial de la PDI en San Miguel. En este lugar fue nuevamente insultada por funcionarias y funcionarios, amenazada, y presionada para firmar un documento en el que se decía que el dinero encontrado en su casa era de $600.000 y no la suma verdadera, que corresponde a $1.500.000 que como familia habían ahorrado.

Cabe destacar que esto es una práctica recurrente, ominosa y transgresora, que no solo atenta contra los derechos esenciales de los pobladores, sino que habla de la probidad, ética y legalidad con que los funcionarios policiales están actuando desde hace mucho tiempo en la población. Un caso similar que adquirió relevancia pública ocurrió durante el 2015. Se trata del caso que afectó a la pobladora Katherine Venegas -residente del sector de Emergencia- cuyo domicilio fue allanado ilegalmente, sustrayéndose también una importante suma de dinero sin justificación, hecho que luego la Corte Suprema reconoció como una actuación ilegal y violenta por parte de Carabineros de Chile.

La violencia, impunidad y replicabilidad de estos hechos evidencian las dinámicas y praxis institucionales que no hacen sino insistir de forma permanente en procedimientos que vulneran los derechos fundamentales de las personas, perpetuando la lógica de violencia con la que conviven hoy las vecinas y vecinos de La Legua. Exigimos, por tanto, que la institución involucrada dé una respuesta a esta familia que fue ultrajada, robada y violentada por el Estado y que hoy se siente temerosa e impotente.

Finalmente, consignamos que la familia, en conjunto con el Comité, harán las denuncias formales respectivas.

Comité de Defensa y Promoción de Derechos Humanos de La Legua